¿Una reforma fiscal para el medio ambiente?

Tan necesarios como impopulares, los impuestos y tasas por actividades “nocivas” con el medio ambiente se han convertido en los instrumentos basados en el mercado más conocidos y utilizados para intentar corregir las externalidades negativas de numerosos sectores industriales. Sobre todo, en lo referente a los gases de efecto invernadero. Pero, ¿son efectivos?, ¿cumplen con su cometido?, ¿están bien diseñados? Unos sí, otros no tanto.

En cualquier caso, el pasado jueves día 13 de marzo tuvo lugar la rueda de prensa de El pasado 13 de marzo, tuvo lugar la presentación del «Informe Lagares» para la  Reforma del Sistema Tributario Español presentación del denominado “Informe Lagares[1] para la  Reforma del Sistema Tributario Español. Dicho informe es fruto del trabajo efectuado por la Comisión de Expertos nombrada por el Ejecutivo el 5 de julio de 2013 para que analizara dicho sistema y preparase un conjunto de propuestas de reforma, en colaboración con la Secretaría de Estado de Hacienda y la Agencia Tributaria.

A modo de resumen, la Comisión propone mantener la ratio de ingresos tributarios sobre el PIB para alcanzar, en primer lugar, la consolidación fiscal y, en segundo lugar, contribuir a mejorar la competitividad de la economía e incrementar el ahorro y el empleo. Para ello, hace suyas muchas de las recomendaciones en materia tributaria de los principales organismos internacionales: Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En este sentido, se apuesta por incrementar el peso de la tributación indirecta (IVA, impuestos especiales y los medioambientales) y reducir la carga tributaria que directamente recae sobre rentas personales y beneficios societarios (IRPF e impuestosDesde MdMA queremos analizar los cambios propuestos en materia de imposición ambiental sobre sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones). Adicionalmente, plantea la eliminación de gran parte de las deducciones, exenciones y regímenes especiales, aumentar la imposición sobre el valor patrimonial de los bienes inmuebles, reducir las cotizaciones sociales e intensificar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

Como ha ocurrido con otros asuntos importantes en este país, parece imposible llevar a cabo un proceso de análisis y reflexión sereno, profundo y constructivo. Por el contrario, el ruido mediático posterior ha consistido en conclusiones superficiales barnizadas del sesgo ideológico correspondiente.

Desde Mercados de Medio Ambiente (MdMA) no pretendemos entrar en el trasfondo de La llamada «Reforma Fiscal Verde» que se ha producido en diversos países europeos en los últimos años está aún pendiente en Españalas medidas y sí analizar los aspectos que resultan más interesantes para nuestra Comunidad, es decir, los cambios propuestos en materia de imposición medioambiental, si bien corresponderá al Gobierno implementar o no estas medidas así como decidir su ritmo temporal.

El documento trata de incluir las directrices definidas para este tipo de fiscalidad desde diversos órganos internacionales, donde se recoge que los impuestos ambientales deben responder auténticamente a ese fin (parece mentira que tengan que recordarnos esta obviedad a estas alturas de la película) y que, en nuestro marco competencial de las comunidades autónomas, la gestión de algunos de estos impuestos, sobre todo los que rebasen el ámbito geográfico de cada CC. AA., sean transferidos al Estado central.El principal propósito de la Comisión es incrementar  la recaudación en materia ambiental para compensar la reducción en cotizaciones sociales

El informe dedica el capítulo VI sobre «Reforma de la imposición especial y medioambiental» a este ámbito, poniendo de manifiesto que la denominada «Reforma Fiscal Verde», que se ha producido en diversos países europeos en los últimos años, aún está pendiente de llevarse a cabo en España. La carencia de esta reforma, ya sea por desidia o por falta de acuerdo entre nuestra clase política, sumada a nuestro sistema de reparto competencial autonómico ha dado lugar a multitud de tributos ambientales a lo largo y ancho de la geografía española. En numerosas ocasiones, tal y como recoge el documento, ni se consiguen modificar conductas nocivas, ni se genera una capacidad Ningún instrumento de mercado es capaz por sí sólo de solventar los problemas que acucian el medio ambiente. Sólo el uso combinado e inteligente de varios de ellos lograrán alcanzar los objetivos de conservaciónrecaudatoria notable para las CC. AA. y, además, en algunas ocasiones resultan excesivamente gravosos para determinados sectores. Con ello, lo único que se consigue, es un déficit de aplicación de las normas, así como una importante barrera de entrada a la inversión de capital en nuevas iniciativas empresariales.

El principal propósito de la Comisión en materia medioambiental es incrementar notablemente la recaudación, de tal modo que los ingresos obtenidos por esta vía (junto con otros indirectos) sirvan para compensar la reducción en cotizaciones sociales y alcanzar el objetivo de déficit público. Adicionalmente, trata de incentivar conductas favorables al medio ambiente, lo que, desde nuestro modesto punto de vista, no se consigue únicamente con penalizaciones por externalidades negativas (enfoque pigouviano), pues existen otros instrumentos también basados en los mercados más eficaces que premian las positivas, crean mercados de intercambio de activos

El grupo de expertos plantea equiparar el tipo del gasóleo con el de la gasolina. De este modo, el mayor impacto recaudatorio serían las medidas que recaen sobre la fiscalidad de la energía.ambientales (derechos de CO2 y similares) o incentivan determinadas actitudes de compra en los consumidores (certificaciones, ecoetiquetas). Ya decía la Comisión Europea en el informe publicado en 2007 «Utilizar el mercado para una política ambiental eficaz y rentable» que ningún instrumento de mercado es capaz por si solo de solventar todos los problemas que acucian al medio ambiente, y que únicamente el uso inteligente y combinado de varios de ellos permitirá alcanzar los objetivos de conservación deseados.

Un caso paradójico es el impuesto sobre los hidrocarburos. Nadie pone en duda la necesidad de mantener un impuesto sobre estos aspectos teniendo claro y demostrado cómo afectan a la atmósfera. Más aún cuando hablamos de la nada desdeñable cifra de casi 10 000 millones de euros prevista para este año. Sin embargo, este impuesto se ha convertido en un fenómeno recaudatorio, con variantes autonómicas recientemente invalidadas por el Tribunal Constitucional (céntimo sanitario) dado que no mide exactamente cuál es la afección o incidencia directa al medio ambiente, gravándose únicamente la cantidad de producto, medido en peso o volumen.

Como propuesta, el grupo de expertos plantea siguiendo las directrices europeas que vinculan la imposición con el binomio daño causado-evitado, diversificar los impuestos de acuerdo con la propuesta de fiscalidad energética de la UE, así como equiparar el tipo de gasóleo con el de la gasolina.

En síntesis, el grupo de expertos propone racionalizar la imposición medioambiental de tal Se intenta armonizar la dispersión normativa existente, y suprimir total o parcialmente figuras tributarias poco justificadas (especialmente en CCAA).modo que, por un lado, se armonice la dispersión normativa existente, que resulta contraria a la unidad de mercado interior, se supriman total o parcialmente figuras
tributarias que carecen de justificación (especialmente autonómicas), y se incrementen, en definitiva, los conceptos objeto de tributación, las bases imponibles y los tipos de gravámenes. Las medidas que tendrían mayor impacto recaudatorio son las que recaen sobre la fiscalidad de la energía. Un documento que, en materia de fiscalidad, pueda sentar las bases de un modelo para las exigencias de la comunidad internacional y, sobre todo, donde exista una trazabilidad real y manifiesta entre el dinero con el que todos contribuimos a las arcas públicas y el uso que de él se hace para cubrir con los objetivos ambientales que como sociedad debemos proteger y asegurar con correctas políticas de conservación. En resumen, un ejemplo de transparencia y honestidad.

En conclusión, es una propuesta de reforma de naturaleza meramente fiscal, efectuada por expertos en Hacienda Pública, y cuyo objetivo primordial es la recaudación. Por tanto, no podemos pretender otro enfoque. No obstante, desde Ecoacsa Reserva de Un modelo donde exista una trazabilidad real entre el dinero con el que todos contribuimos y el uso que se hace para cubrir los objetivos ambientales. Un ejemplo de transparencia y honestidad.Biodiversidad y Mercados de Medio Ambiente seguimos trabajando para divulgar, implantar y desarrollar instrumentos de mercado que permitan integrar la biodiversidad en los modelos de gestión empresarial y fomenten el desarrollo económico general.

Os dejamos las 17 propuestas en materia medioambiental que recoge el documento:

Propuesta nº 45.- Impuesto sobre sociedades: Se propone la eliminación de la deducción por inversiones medioambientales.

Propuesta nº 86.- Impuesto sobre hidrocarburos: ajustar el tipo de gravamen separando entre el poder calorífico de los productos energéticos y las potenciales emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, eliminar el tratamiento preferencial del gasóleo sobre las gasolinas, equiparando el tipo que grava a ambos combustibles.

Propuesta nº 87.- Impuesto sobre hidrocarburos: eliminar las exenciones aplicables al carbón.

Propuesta nº 88.- Impuesto sobre la electricidad: modificar la base del impuesto, que actualmente recae sobre el importe facturado, por el número de kilovatios/hora consumidos para incentivar la eficiencia y el ahorro energético en el consumo.

Es una propuesta meramente fiscal cuyo objetivo primordial es la recaudaciónReducir drásticamente las exenciones en este impuesto.

Propuesta nº 89.- Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Eliminación total, compensando la pérdida de recaudación con lo propuesto en relación al impuesto sobre la electricidad.

Propuesta nº 90.- Integrar en el impuesto sobre electricidad el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

Propuesta nº 91.-  Impuestos sobre residuos nucleares: refundir el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, transformándolo en una tasa que cubra el coste de gestión y almacenamiento de los residuos.

Propuesta nº 92.- Impuestos sobre transporte: sustituir el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre determinados medios de transporte por un nuevo impuesto ambiental sobre el uso de vehículos de tracción mecánica desglosado en una cuota municipal (similares criterios a los actuales) y otra ambiental (en función de las emisiones teóricas de dióxido de carbono). Regulado por el Estado, igual para todos los municipios y comunidades autónomas y gestionado por los municipios.

Propuestas nº 93 y 94.- Establecer tasas por el uso de infraestructuras públicas de transporte, por ejemplo, por entrar en núcleos urbanos (“tasas de congestión”), por circular durante más de 50 km (a través de pórticos y dispositivos inalámbricos), etc.

Propuestas nº 95 y 99.- Tributos sobre el agua: reformar los diferentes cánones de regulación, utilización y control de vertidos, garantizando la repercusión de los costes de ejecución y mantenimiento de las obras hidráulicas sobre los usuarios. Suprimir los cánones autonómicos sobre vertidos por un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas.

Propuestas nº 96, 97 y 98.- Supresión de tributos supuestamente ambientales: el canon eólico, el impuesto sobre el agua embalsada, el impuesto sobre grandes superficies y los Impuestos autonómicos sobre emisiones de dióxido de carbono.

Propuesta nº 100.- Crear un impuesto estatal sobre depósito de residuos, residuos de la construcción, residuos peligrosos e incineración de residuos, cedido a las CC. AA.

Propuesta nº 101.- Crear un impuesto estatal sobre emisiones atmosféricas distintas del dióxido de carbono, cedido a las comunidades autónomas.

Artículo escrito por:

David Álvarez García, director ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad y profesor de Instrumentos de Mercado en la Escuela Europea de Negocios;

Antonio Bonilla Gonzaléz, director financiero de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad y profesor de Dirección Financiera en la Escuela Europea de Negocios.

 



[1] En referencia a Don Manuel Jesús Lagares Calvo, Catedrático de Hacienda Pública y Presidente de la Comisión de Expertos que ha elaborado el informe.

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David Álvarez

Acerca de David Álvarez

Director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA Executive por la EEN. Cuenta con una dilatada experiencia en proyectos relacionados con el medio natural y obra civil.

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