Un 15 % de los españoles sufrieron temperaturas inadecuadas y el gasto energético de 8 millones fue desproporcionado en 2016

La Asociación de Ciencias Ambientales presentó ayer la cuarta edición de su estudio de referencia sobre la pobreza energética en España, titulado Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales. El informe detalla que cerca de 900 000 personas sufrieron en 2016 algún tipo de desconexión del suministro energético y sitúa a Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana como las comunidades autónomas más afectada por la pobreza energética.

Imágenes: ACA.

Según el informe de ACA, desde 2014 se consolida una situación en la que España está por encima de la media de la UE en pobreza energética, a pesar de la recuperación económica.Además, de los hogares que declararon ser incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos, un 2 % (cerca de 900 000 ciudadanos) sufrieron en 2016 algún tipo de desconexión del aprovisionamiento energético en su hogar. Según ACA, «desde 2014 se consolida una situación en la que España está por encima de la media de la UE en pobreza energética, a pesar de la recuperación económica».

Otro de los aspectos analizados en el estudio es el porcentaje de afectados por lo que se conoce como la «pobreza energética escondida». Este factor hace referencia a los hogares que están gastando una cantidad inusualmente baja, en concreto, aquellos en los que el gasto por persona equivalente estaba por debajo del 50 % de la media anual. De este modo, en 2016 un 29 % de la población (13,2 millones de personas) «estaría en dificultades, de acuerdo con alguno de los dos indicadores del enfoque de gastos e ingresos del hogar».

Los porcentajes de incidencia en 2016, el último año del que se dispone de datos, se corresponden con «8 millones de personas en hogares con gastos en energía doméstica desproporcionados» y «5,4 millones que declaraban gastos energéticos inusualmente bajos (menos de la mitad del gasto energético anual).

Analizados los resultados de la edición 2018 del informe y comparándolos con los de ediciones previas, desde ACA resaltan que «el clima no ejerce la influencia esperada sobre las cifras de incidencia de pobreza energética por comunidades autónomas». En este sentido, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana son las que más riesgos de sufrir pobreza energética experimentaron en 2016, mientras que el País Vasco, Castilla-León, Aragón y Madrid fueron las menos vulnerables.

Otros resultados clave

Desde ACA también destacan como conclusiones clave que el vínculo entre inseguridad residencial y pobreza energética pone de manifiesto un problema de acceso irregular a suministros básicos con poca visibilidad; hay evidencia incipiente de conexión entre pobreza energética y riesgo de mala salud mental; y que el nuevo bono social eléctrico ofrece una amplia cobertura potencial, pero es poco efectivo porque una mayoría de hogares en pobreza energética no cumplen los criterios de acceso. Sobre este último punto, según datos de 2016, un 68 % de los 9 millones de beneficiarios potenciales «no estaría en pobreza energética». Adicionalmente, «estimaciones basadas en la ECV y EPF de 2016 indican que habría en torno a 9 millones de personas potencialmente beneficiarias del nuevo bono social eléctrico. Esta cifra contrasta con los 6 millones de beneficiarios (2,3 millones de hogares) del bono social vigente hasta octubre de 2017 y con los tan solo 170 000 bonos aprobados hasta marzo de 2018», hace hincapié el estudio.

Propuestas y recomendaciones

Entre las propuestas y recomendaciones sugeridas por el informe de ACA, se cuentan:

— Priorización de medidas estructurales (rehabilitación energética de edificios, mejora de la información y formación de la ciudadanía para su empoderamiento), en paralelo al desarrollo de medidas paliativas.

— Necesidad de mejorar la fuente de datos para la medición (tanto los que están en manos de fuentes oficiales (INE) como de suministradoras.

— Es necesario ahondar en la relación dual que existe entre la salud y la pobreza energética.

— Establecimiento de un sistema de medición estatal basado en múltiples indicadores.

— Impulsar el avance hacia una estrategia estatal de protección de los derechos energéticos de los ciudadanos.

— La necesidad de una transición justa, sostenible y coste-eficiente.

La pobreza energética y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

La problemática que ponen sobre la mesa los profesionales de la Asociación de Ciencias Ambientales con sus estudios sobre pobreza energética en España está contemplada en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. En concreto, está enmarcada en el ODS número 7: «garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos». Más en detalle, para 2030, las naciones del mundo se han comprometido a garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos, a aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en el conjunto de fuentes de energía, y a duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Con la cuarta edición de un informe y el enfoque elegido basado en la metodología sugerida por el EPOV, los responsables de ACA ofrecen una panorámica actualizada sobre la situación de la pobreza energética en España, con datos relevantes y útiles para establecer comparaciones entre países, así como para facilitar la toma de decisiones en todas las esferas afectadas. Sus autores aspiran a que sirva de herramienta de consulta y referencia para ayudar a abordar el complejo desafío de erradicar la pobreza energética en nuestro país, asunto en el que la nueva Ley de cambio climático y transición energética (LCCTE) jugará un papel crítico.

 

 

Fuente: ACAmbientales.

 

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