Se pone en marcha el proceso de definición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España

Durante dos días representantes del Gobierno, del mundo de la política, la ciencia, la academia, el sector empresarial y financiero, las entidades de conservación, los sindicatos y la sociedad civil se dieron cita a finales de la semana pasada en las jornadas de debate convocadas por la Oficina Española de Cambio Climático «España, juntos por el clima». El objetivo de estas jornadas ha consistido en ofrecer un espacio de encuentro a todos los agentes y sectores implicados para identificar los elementos que deben contemplarse en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética española.

Imágenes: Mapama.

La jornada inaugural de «España, juntos por el clima» contó con la presencia de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España; el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete; la ministra del Mapama, Isabel García Tejerina; y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

En el transcurso de los dos días, se han abordado en cinco sesiones de trabajo las principales áreas de interés relacionadas con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética: «El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación», «La importancia de la adaptación al cambio climático en España», «Las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana», «Un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono» y «La energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono».

La jornada inaugural contó con la presencia de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España; el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete; la ministra del Mapama, Isabel García Tejerina; y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Mariano Rajoy anunció que ya se han iniciado los trámites para que se celebre antes de verano una convocatoria para asignar nueva capacidad en renovables con una subasta de 3000 MW «sin cupos por tecnología». Esos 3000 MW se suman a la segunda subasta de potencia renovable del año recientemente celebrada (el pasado 17 de mayo), en la que se adjudicaron otros 3000 MW «limpios». De ellos, un 99,3 % fueron adjudicados a la eólica, 1 MW, a la fotovoltaica (0,03 %) y 20 MW al resto de tecnologías (0,66 %).

Según Rajoy, esta subasta suscitó «un gran interés» y aseguró que España debe seguir por esa vía. Asimismo, se mostró partidario de una transición energética para descarbonizar la economía, así como de una profunda transformación en el modo de producir y de consumir. El cambio climático es «una de las encrucijadas más importantes que hemos afrontado a lo largo de la historia», añadió en su discurso el presidente.

Ante el anuncio del presidente, desde la Fundación para la Ecología y el Desarrollo (Ecodes) lanzaron una propuesta consistente en reservar un cupo para aquellas empresas que inviertan en la reconversión de las cuencas mineras. Y es que la transición hacia la descarbonización de la economía española debe pasar por dar por terminada la era del carbón, de manera organizada y planificada.

En cuanto al impulso a las renovables anunciado por Rajoy, parece ser una muestra de que el Ejecutivo español retoma el interés por apostar por las energías renovables, ya que entre finales de 2011 y finales de 2016 (fechas de la primera legislatura de Rajoy), la caída de la instalación de megavatios renovables fue muy significativa. En concreto, durante dicho periodo se instalaron en España 1781 MW eólicos (un 82 % menos en comparación con el periodo 2006-2011, cuando se instalaron 9960 MW) y 420 MW fotovoltaicos (-89,7 % frente a los 4097 instalados entre 2006 y 2011), según datos de Red Eléctrica de España.

Esta mayor apuesta por las renovables está en línea con los compromisos que el conjunto de la Unión Europea debe cumplir de cara a 2020 (un 20 % del consumo debe proceder de fuentes renovables) y a los que España debe contribuir, así como con los requerimientos en materia de recorte de emisiones a los que nuestro país también se ha comprometido con la ratificación del Acuerdo de París. Cabe recordar que la generación de energía mediante la quema de combustibles fósiles es uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero a escala global.

Pero, ¿seránsuficiente? Recientemente, el Parlamento Europeo ha presentado una resolución en la que pide mayor ambición en la implantación de renovables para el periodo 2020-2030 y también en el fomento de la eficiencia energética, ambos aspectos clave para cumplir con las exigencias del Acuerdo de París.

«La UE debe continuar a la cabeza en desarrollo de renovables. Esto significa que los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para 2020 y que tenemos que fijar un umbral mínimo de uso de renovables de un 30 % para 2030, también a nivel nacional», según Paloma López Bermejo (GUE/NGL, España), responsable del texto sobre energías limpias.

La Comisión Europea ha propuesto que al menos un 27 % de todo el consumo energético de la UE sea de origen renovable para 2030, mientras que el Parlamento Europeo solicita en su propuesta elevar esa cuota a un 35 % y que cada país tenga un objetivo vinculante. En el caso de España, le correspondería alcanzar un 36 %, lo que implicaría un esfuerzo considerable dado que la cuota de energías limpias se situó en territorio español en 2015 en un 16,2 %.

España necesita nuevas medidas para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones

En materia de emisiones, España debe implantar nuevas medidas que la encaminen hacia el logro de sus promesas de disminución de sus emisiones, ya que los datos publicados recientemente por el Mapama sobre el último Inventario de Emisiones de España (cubren el periodo 1990-2015) dejan patente que las políticas hasta ahora aplicadas no son suficientes.

En el último año analizado del periodo mencionado, España emitió un 3,5 % más de GEI que en 2014, según comunicó a la Agencia Europea de la Energía (AEE), en gran parte, como consecuencia del impulso del crecimiento en 2015 de la generación eléctrica con combustibles fósiles, en especial, con carbón, que creció un 20 % frente al ejercicio anterior. El mayor crecimiento experimentado en 2015 fue el del carbón importado (que pasó de un 86 % a un 91 %), por lo que la protección de la minería nacional no parece la razón de dicha subida. Este incremento se derivó de la caída del precio internacional de este combustible, de un precio muy bajo del CO2 y de la situación climatológica, que estuvo marcada por la falta de lluvias, lo que se tradujo en una caída de la aportación de la energía hidráulica (-29 % respecto a 2014) y la sucesión de anticiclones –que incidieron en una menor aportación de la eólica–. Esto, unido a la falta de inversiones nuevas en renovables, hizo que bajara la contribución de estas a la energía primaria y a la producción de electricidad, según el Informe 2016 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

A esto se añade que el último informe bienal remitido por el Gobierno español el pasado abril a la Agencia Europea de la Energía sobre las proyecciones de las emisiones de GEI españolas revela que, con las medidas en marcha, España emitirá en 2040 alrededor de 18 millones de toneladas más de CO2e que en 2015; esto es, 353,672 Mt CO2e (sin contar con el sector USCUSS —Uso del Suelo y Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura—). Para 2050, las estimaciones elevan la cifra hasta los 366,261 Mt CO2e, según se recoge en el informe Proyecciones de emisiones de gases a la atmósfera edición 2015-2050 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Mapama.

Así las cosas, es evidente que serán necesarias medidas adicionales para frenar esta tendencia al alza en las emisiones de GEI con sello español.

Amplio consenso social y político

En su intervención en las jornadas, Isabel García Tejerina, ministra del Mapama, resaltó que la presencia del presidente Mariano Rajoy en la jornada inaugural reafirma el compromiso del Gobierno en esta legislatura para adoptar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, «el instrumento adecuado para orientar la necesaria transición hacia un nuevo modelo económico, bajo en emisiones, con vocación de permanencia», para lo que se necesita un amplio consenso social y político, además de ser capaces de abordar este proceso «desde la ambición y la responsabilidad».

También los expertos de los distintos sectores de actividad que participaron en los dos días intensos de debate subrayaron que la nueva ley debe ser fruto de un amplísimo consenso político y social para que perdure en el tiempo y formule políticas estables y predecibles de cara a los inversores, de modo que queden al margen del signo político que gobierne.

Agricultura, adaptación, ciudades, transporte y energía, temas clave

La estructura de las jornadas se dividió en cinco sesiones dedicadas a abordar temas cinco temáticas clave relacionadas con los sectores más importantes en España en la lucha contra el cambio climático: «El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación», «La importancia de la adaptación al cambio climático en España», «Las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana», «Un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono» y «La energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono».

Durante cada una de ellas, un experto realizó una introducción de cada aspecto protagonista y después se abrió un debate en profundidad con los numerosos asistentes para provocar reflexiones desde todos los puntos de vista. Después de una hora de discusión, se pusieron en común las ideas y conclusiones principales recabadas en cada sesión, que serán difundidas en los próximos días en un documento de acceso libre que divulgará la Oficina Española de Cambio Climático.

Formato de las jornadas, mejorable

Los integrantes de Alianza por el Clima, una plataforma que aúna a más de 400 entidades ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores, consideran que las jornadas son «insuficientes en cuanto a la temática, escasas respecto al tiempo disponible para el debate y desequilibradas en cuanto a la composición de los participantes».

Ante esta situación, proponen al Gobierno la consideración de una serie de aspectos para mejorar el proceso y recuerdan la propuesta trasladada el pasado enero al Mapama, en la que se recogían como temas clave susceptibles de ser tratados en el debate abierto:

– los objetivos de reducción de emisiones, indicadores, revisión y seguimiento;

– instrumentos de mitigación: presupuestos de carbono, sistemas de reducción de emisiones por sectores, ETS, huella de carbono de productos y servicios, sumideros, sistemas de compensación de emisiones;

– instrumentos financieros, fiscalidad, aspectos socioeconómicos, transición justa;

– planificación de la lucha contra el cambio climático, estructuración y coordinación administrativa, instrumentos de participación social;

– adaptación al cambio climático y agua;

– justicia climática internacional, financiación y género.

Además, confían en que antes de que se presente el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, lo que previsiblemente sucederá a finales de año, se organicen nuevos espacios de debate en torno a los contenidos, con una hoja de ruta acordada en la que se superen las deficiencias detectadas y en la que se aborde también «el Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno tiene que presentar a Bruselas a principios de 2018 para cumplir con el nuevo marco normativo europeo y del que no se conoce prácticamente nada sobre su proceso de elaboración».

La descarbonización de la economía, una oportunidad para España

La mayoría de los participantes en las sesiones que se desarrollaron durante el 25 y 26 de mayo pasados defendió que luchar contra el cambio climático y disminuir prácticamente a cero las emisiones para 2050 es una oportunidad para la generación de empleo y la consolidación del crecimiento económico en España. Eso sí, siempre que se sepa aprovechar el potencial de esta transición para impulsar la I+D+i y movilizar inversiones. Y es que la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo que se requerirá conllevará la movilización de importantes inversiones en soluciones tecnológicas bajas en carbono o descarbonizadas.

Asimismo, los expertos también recomendaron una reforma fiscal y seguridad jurídica para favorecer la transición energética e impulsar la economía sostenible. Así, abogaron por que el principio de «quien contamina paga» se aplique en todos los sectores generadores de emisiones y por que la recaudación por esa contaminación revierta directamente en incentivos que apoyen el nuevo modelo.                                                                                                                   

La estructura de las jornadas se dividió en cinco sesiones dedicadas a abordar temas cinco temáticas clave relacionadas con los sectores más importantes en España en la lucha contra el cambio climático: «El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación», «La importancia de la adaptación al cambio climático en España», «Las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana», «Un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono» y «La energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono».El importante papel que jugarán las ciudades en el avance hacia la descarbonización también fue puesto sobre la mesa. Entre las recomendaciones realizadas por los especialistas, se cuenta que la nueva normativa obligue a las ciudades a registrar su huella de carbono y a establecer objetivos locales de reducción de emisiones. Por su parte, los alcaldes solicitaron que el texto normativo considere apoyos financieros para que puedan hacer frente a estos retos de forma adecuada mediante la formulación de impuestos dirigidos a este fin.

Otro de los temas que suscitó un gran interés durante los debates fue la necesidad de otorgar a la adaptación al cambio climático la relevancia que le corresponde en el diseño de la nueva ley. A este respecto, los expertos defendieron que el texto legal debe contemplar un catálogo nacional de riesgos climáticos, así como un sistema nacional de evaluación de dichas amenazas, de su naturaleza, dimensión y soluciones.

Una vez concretados dichos riesgos climáticos, el siguiente paso consistirá en delimitar a quién corresponderá la responsabilidad de hacerlos frente (Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos).

Adicionalmente, también se propuso la constitución de un Observatorio de la Adaptación en el que estén representadas las administraciones en todos los niveles y las universidades.

Desde el Mapama avanzan que próximamente se abrirá un proceso de consulta público previo a la elaboración del anteproyecto de ley, en el que se espera contar con la participación activa de toda la sociedad española.

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