Reforzar la protección ambiental, agilizar los procedimientos e incrementar la transparencia: objetivos de las nuevas Directiva comunitaria y la Ley española de EA

La octava edición del Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (CONEIA 2015) dio comienzo ayer con las novedades que incorporan la Directiva comunitaria y la Ley española de EA por protagonistas, unas legislaciones que buscan reforzar la protección medioambiental, simplificar procedimientos y mejorar la transparencia.

Durante la primera sesión del CONEIA 2015 se habló de las novedades normativas que incluyen la Directiva comunitaria y la Ley española de EA y de la importancia de tener muy en cuentra que la protección ambiental no es un lujo, sino algo muy necesario para la subsistencia humana.El estreno del VIII CONEIA confirmó que la calidad académica y técnica anunciadas, así como el espíritu colaborador y participativo con los que se ha diseñado el programa de este año impregnarán el ambiente a lo largo de los tres días que durará el evento.

Durante el acto de apertura, tras la bienvenida que Antonio Pérez de la Mata, director general de Control Ambiental, Transportes y Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid dio a los asistentes, Mariano González, director general de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid fue el encargado de entrar en materia sobre el tema protagonista del congreso, la evaluación ambiental, una disciplina que ha tenido la oportunidad de tratar desde distintas perspectivas a lo largo de su vida profesional, según avanzó.

Así, González explicó que «las comunidades autónomas incorporan nuevos procedimientos» que aspiran a simplificar anteriores denominaciones autonómicas empleadas que «no se entendían muy bien». Ahora hay «una oleada para ajustarse a los nuevos requerimientos», aseguró el responsable público, quien también aseguró que «la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) incorporada estos años aún está en fase previa de interpretación y ha de evolucionar».

Por otra parte, reconoció que «hay que hacer un esfuerzo de simplificación de normativa para ajustarlo al objetivo de la evaluación», e hizo especial hincapié en que «los beneficios ambientales obtenidos compensan los errores de otros años». «Hay viejos retos aún en vigor, a parte de los nuevos que tenemos por delante», continuó el director de Evaluación Ambiental de la comunidad madrileña, entre los que se cuenta el de establecer «criterios básicos para que el promotor sepa qué tiene que hacer en todas las comunidades».

Objetivos del Gobierno sobre EA

A continuación, Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), recordó que «los procedimientos de EIA requieren de la participación de muchos expertos» y que, en el caso español, se ha pasado de la «ausencia de normativa a la sobreexplotación de regulaciones en materia de evaluación ambiental».

Ante este contexto, el Gobierno tiene por delante una serie de objetivos: «revisar la normativa; reducir los plazos de los expedientes y, fundamentalmente, «avanzar en la transparencia» mediante el aporte de una información adecuada a los agentes que intervienen en el proceso de la EA, como los promotores, pero también al público en general.

Con la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se aspira a «reforzar la protección ambiental, agilizar los procedimientos y establecer pautas para conseguir una legislación homogénea en todo el territorio», defendió Yanguas. En su opinión, «no tiene sentido que sean diferentes según la comunidad», y confesó que su objetivo es «irme con cero expedientes por resolver».

Hasta ahora, se han dado casos en los que se ha tardado hasta 15 años en resolver un expediente y «ese plazo se ha reducido considerablemente», apuntó la portavoz del Magrama.

Evaluaciones de calidad, series y rigurosas

Íñigo M.ª Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz, presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA), incidió en su discurso en que la nueva Directiva comunitaria sobre Evaluación Ambiental obliga a modificar la Ley 21/2013 y en que «de nada sirve la evaluación ambiental si no conseguimos que sea eficaz en la preservación ambiental».

El máximo responsable de la asociación trasladó a la audiencia y a los responsables públicos que participaron en la jornada inaugural que el sector español de la evaluación ambiental «necesita una Administración pública que dedique los medios precisos para lograr evaluaciones de calidad». Asimismo, invitó a los promotores a que «apuesten por una evaluación seria y rigurosa para obtener un mayor aprovechamiento de los recursos, que son escasos».

«La protección ambiental no es un lujo»

El homólogo de Sobrini en la International Association of Impact Assessment (IAIA), Miguel Coutinho, centró su intervención en subrayar que «la protección ambiental no es un lujo». «Las condiciones ambientales están muy degradadas y tenemos una gran dependencia de los servicios de los ecosistemas», continuó. «First let´s save Humanity than the planet» («salvemos primero a la humanidad que al planeta», incidió parafraseando a Tim O´Riordan, profesor emérito de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Aglia.

El experto hizo un repaso de los viejos desafíos de la evaluación ambiental, entre los que mencionó su alcance y «tener claro su enfoque»; los efectos acumulativos (componentes socioecológicos de valor y las presiones pasadas, presentes y futuras); los impactos sociales y las presiones institucionales.

En cuanto a los desafíos presentes de la evaluación ambiental, estos son lograr una visión integrada e integradora; la incorporación del cambio climático desde la óptica de la mitigación y la adaptación; la consideración de los servicios de los ecosistemas y la llegada de la era digital, que ha contribuido a facilitar nuevas «herramientas, más datos, la participación oública en redes sociales y ha supuesto la transición del formato A4 al hipertexto», hizo hincapié Coutinho.

Para concluir, el presidente de la IAIA resumió los retos futuros de la evaluación ambiental en tres: la evaluación de impactos como una herramienta de gestión, como una herramienta de diseño y cómo abordar las incertidumbres.

Revisión de la Directiva comunitaria sobre EA

Después de la pausa para el café, llegó el turno de las ponencias institucionales, que corrieron a cargo de José M.ª Ramos, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea; Francisco Muñoz, subdirector general de Evaluación Ambiental del Magrama y Nuria Gayán, directora  del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Por su parte, el portavoz de la CE realizó una introducción sobre la evolución del Derecho comunitario y su importancia y el papel que juegan en su aplicación las autoridades europeas y nacionales. A este respecto, dio un toque de atención al Gobierno español al recordar que Bruselas está tramitando quejas en materia de protección del medioambiente contra el Reino de España y subrayó que los Estados miembros tienen la «obligación de transponer las directivas».

Entre las metas prioritarias de la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2020, se cuenta la puesta en práctica de la legislación sobre naturaleza; mantener y restaurar los ecosistemas; impulsar la agricultura, silvicultura y pesca sostenibles; combatir las especies exóticas invasoras y detener la pérdida global de biodiversidad.Seguidamente, detalló aspectos relevantes de la Estrategia Europea de Biodiversidad, que tiene el horizonte puesto en 2050, aunque los primeros objetivos se han establecido para 2020. Estas metas consisten en «la puesta en práctica de la legislación sobre naturaleza; mantener y restaurar los ecosistemas; impulsar la agricultura, silvicultura y pesca sostenibles; combatir las especies exóticas invasoras y detener la pérdida global de biodiversidad», explicó Ramos.

Respecto a la recientemente aprobada Directiva 2014/52/UE, «por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente», recordó que tiene un plazo de transposición hasta el 16 de mayo de 2017.

Asimismo, explicó que después de 25 años de aplicación de la anterior normativa en esta materia, «el contexto político, jurídico y técnico ha cambiado» y también se han presentado nuevos «desafíos medioambientales, como el cambio climático, la biodiversidad y el uso eficiente de los recursos». Esta situación exigía corregir las carencias detectadas en la antigua normativa y «mejorar la legislación, de manera que se lograra una directiva más eficaz y eficiente», explicó el director general de Medio Ambiente de la CE.

A esto cabe sumar la necesidad de «tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, la búsqueda de sinergias con convenios internacionales y la necesaria coordinación con otras normas comunitarias. Todo ello, sin debilitar el nivel de protección ambiental alcanzado», añadió Ramos.

Este escenario desembocó en la necesaria revisión de la normativa sobre evaluación ambiental en el marco de la UE, cuyos objetivos concretos han consistido en «introducir y reforzar los elementos relacionados con la calidad de la EIA y mejorar la coherencia política y sinergias con otras normativas internacionales y europeas, así como los procedimientos», concluyó el directivo comunitario.

Novedades legislativas de la EA en España

Este tema fue abordado por el subdirector general de Evaluación Ambiental del Magrama, Francisco Muñoz, quien apuntó que lo que se ha buscado con la Ley 21/2013 ha sido «simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la tramitación de la evaluación ambiental». Para ello, se ha trabajado en lograr «una única norma para evaluar planes y proyectos, con un esquema similar y terminología homogénea para todo el país.

¿Cómo se conseguirá la agilización deseada? Mediante «la reducción de plazos» y la conservación de actos como la incorporación de trámites y actos administrativos del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al procedimiento de EA; la conservación de las consultas realizadas en procedimientos simplificados para procedimientos de evaluación ordinarios, y el establecimiento de determinados trámites voluntarios (scoping)», reseñó el representante ministerial.

Cuatro son los principios de la Ley de EA: «precaución y acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medioambiente, actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible y proporcionalidad entre los efectos previstos en el medioambiente y el tipo de procedimiento de evaluación ambiental que se aplique», continuó.

Respecto al mejor conocimiento científico, aclaró que «ciencia no significa conocimiento empírico o ciencia aplicada» e incidió en que «el conocimiento práctico generado y aplicado durante muchos años permite concluir con un elevado nivel de certeza que determinados proyectos no ocasionarán efectos negativos significativos sobre el medioambiente».

Otro de los aspectos destacados por Muñoz fue el hecho de que la «protección del medioambiente está íntimamente ligada a la salud humana». «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades», subrayó.

La adaptación de la Ley de AE en Aragón

La jornada de la mañana concluyó con la ponencia impartida por Nuria Gayán, directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), quien explicó en detalle en qué consistió el procedimiento de aprobación de la Ley de EA en su comunidad autónoma y qué elementos incluye dicha regulación.

Nuria Garán, directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), explicó en qué consiste la pirámide ambiental para proyectos y actividades.Según confesó, el proceso de adaptación a la ley estatal «ha sido complicado». Tras los cambios llevados a cabo, la pirámide de la intervención ambiental para proyectos y actividades, no para el caso de los planes sigue el siguiente esquema: en la base, se halla la Licencia de Inicio de Actividad (LIA), seguida del la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas (LAAC), la Evaluación Ambiental en zonas ambientalmente sensibles, la EIA para proyectos y, por último, la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Para la responsable del Inaga, los aspectos más destacables de la nueva normativa con que en el título preliminar sobre las «Disposiciones Generales», su artículo 8 recoge la «cooperación en caso de efectos transfronterizos y efectos entre comunidades autónomas; y el artículo 9, que especifica que «durante el trámite de información pública o cualquier otro que permita la participación de las personas interesadas, la documentación deberá ser accesible en formato digital e informático».

Por otro lado, el artículo 10 incluye «el respeto al secreto industrial y comercial», quiso reseñar Gayán, y entre las «Disposiciones Adicionales», se incluyen la tramitación electrónica y presentación de documentos en soporte de papel o digital; la identificación de las personas interesadas; la acumulación de procedimientos de EIA en proyectos a realizar en suelo no urbanizable y los bancos de conservación de la naturaleza, «que aparecen en las mismas condiciones que en la ley estatal», finalizó la directora.

Adaptación Valencia a la nueva ley, planificación energética y su repercusión ambiental

Estas fueron las temáticas que se abordaron en la sesión de la tarde, en la que Juan Giner Corell, director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana expuso la nueva normativa sobre evaluación ambiental de su comunidad.

Después de su intervención, Damián de Torres, de la Universidad de La Laguna (Tenerife), moderó la mesa redonda sobre planificación energética y su repercusión ambiental, en la que participaron Carlos Alberto Fernández, jefe del Departamento de Biocarburantes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idae); Rufí Cerdán, del servicio Territorial de Cataluña Central de la Generalitat catalana; Johnatan Gómez, del Colegio de Geógrafos de España y Juan García, de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi.

Prometedora segunda jornada del CONEIA

La sesión de mañana promete, y mucho, puesto que viene cargada de temas de lo más innovadores e interesantes, entre ellos, la evaluación de impacto ambiental en cables submarinos, la evaluación de repercusiones en la Red Natura, los bancos de conservación y la custodia del territorio y la integración de los bancos de conservación en la evaluación ambiental de proyectos energéticos.

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