La Ley de Montes es aprobada en el Congreso y es remitida al Senado para concluir su tramitación parlamentaria

Durante la sesión de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantenida antes de ayer en el Congreso de los Diputados, se aprobó la Ley de Montes con el único voto del Partido Popular, por lo que el nuevo texto normativo ha sido remitido al Senado para concluir su tramitación parlamentaria.

Uno de los asuntos que mayor polémita ha suscitado en la nueva Ley de Montes es la definición de agente forestal.En la votación, CiU se abstuvo, mientras que el resto de grupos políticos votó en contra de una ley que incluye varios temas espinosos que finalmente los populares han sacado adelante a través de enmiendas.

En el caso de la polémica definición de “agente forestal” que recoge el texto, ha sido aprobada mediante una enmienda transaccional (mientras una enmienda es una «propuesta de variación, adición o reemplazo de un proyecto, dictamen, informe o análogo», según el DRAE, una enmienda transaccional es aquella que, en el proceso de adopción de un determinado texto en un órgano de decisión, es creada a partir del espíritu o la intención de otras enmiendas presentadas por otro u otros participantes en dicho proceso para aunarlas, logrando así agilizar el debate con el fin de generar consenso en torno a dicho texto).

Así, la definición definitiva de “agente forestal” recupera la incluida en el texto normativo de 2003 y queda de la siguiente manera: «Agente forestal es un funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad, perteneciente a la Administración Pública que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal; y la de policía judicial en sentido genérico, tal como establece el artículo 283. 6 de la LECrim, actuando de forma auxiliar de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora».

Cabe recordar que el Gobierno propuso inicialmente una definición en la que se excluía la referencia expresa a su condición de “funcionario” y matizaba que su actuación se entendía de forma auxiliar a la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otro de los puntos polémicos es el relacionado con el cambio de uso del suelo de los terrenos incendiados. En este sentido, el apartado 1 del Artículo 50 de la Ley de Montes queda redactado del siguiente modo: «Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:

  1. a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
  2. b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.

Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:

1.º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.

2.º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

3.º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.

Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso.

En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados».

Precisamente este matiz sobre que las CC. AA. podrán realizar excepciones ante «razones imperiosas» es lo que ha sido muy criticado por la oposición y numerosas organizaciones conservacionistas, que consideran que deja la puerta abierta a posibles recalificaciones del terreno incendiado.

Trasvase Tajo-Segura

Por otra parte, la oposición opina que la Ley de Montes no es el espacio adecuado para incorporar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que han entrado a formar parte de su articulado con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula esta previsión.

Tal y como recoge el texto, «la Ley incorpora una serie de preceptos relativos al trasvase Tajo-Segura, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de febrero. Esta sentencia ha declarado la inconstitucionalidad de varias disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas mediante enmiendas en el curso de la tramitación parlamentaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, previsto en el artículo 72.3 de su Estatuto de Autonomía».

«La declaración de inconstitucionalidad ha generado incertidumbre y pone en riesgo el normal funcionamiento del trasvase. Con el firme propósito de evitar esta situación, en la presente Ley se da cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal».

«El trasvase Tajo-Segura, en servicio desde 1979, es una infraestructura esencial: abastece a 2,5 millones de personas y garantiza el suministro de riego a 150 000 hectáreas, dedicadas a la agricultura. Se trata de cultivos de alto valor añadido y muy tecnificados, que precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo, que permita conocer a los regantes con total seguridad el recurso hídrico del que disponen para programar adecuadamente las cosechas y acceder a la financiación que precisan para desarrollar su actividad».

«La propia sentencia del Tribunal Constitucional subraya la relevancia de estas disposiciones, en su fundamento jurídico quinto, al indicar con toda claridad que “todas estas disposiciones se refieren al régimen de transferencias hídricas a través del Acueducto Tajo-Segura, cuya trascendencia está fuera de toda duda de suerte que la anulación de las normas antes mencionadas es susceptible de generar graves perjuicios a los intereses generales».

«De este modo, se asegura el funcionamiento ordinario y con plena seguridad jurídica del trasvase Tajo-Segura», concluye el texto normativo sobre este asunto.

Pero la oposición cree que este movimiento persigue otorgar rango de ley a la existencia del trasvase de forma que, si se deroga, sea necesario indemnizar a los regantes, compromiso que fue adquirido entre comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Magrama y el Sindicato de Regantes y que fue anulado por el Tribunal.

En el siguiente enlace tienes el vídeo de la sesión del Congreso de los Diputados en la que se produjo al votación de la Ley de Montes.

Fuente: Congreso, EFE.

 

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