Guía para el emprendimiento en el marco de la compra pública verde

¿Qué deben conocer las pymes y los autónomos interesados en desarrollar su actividad en el marco de la economía verde? ¿Qué requisitos deben cumplir y qué normativa deben conocer para poder acceder a contratos con las administraciones públicas? A estas cuestiones da respuesta la Guía para el emprendimiento en el marco de la compra pública verde.

Se trata de un documento que concentra información útil para aquellos que quieren apostar por el emprendimiento en el sector de la compra pública en España, un mercado que supone el 16 % del PIB nacional.

Sus páginas contienen información sobre los distintos procedimientos de contratación pública verde, las experiencias y ejemplos de licitaciones con criterios ambientales y las numerosas ventajas que tiene optar por darle el toque de color verde a tu empresa o a tu apuesta por el emprendimiento.

En su capítulo tres, se destacan las principales normas de adhesión voluntaria, como ISO 14001, EMAS, Blue Angel o la Etiqueta Ecológica Europea, mientras que el 4.º concentra análisis de los procedimientos de contratación pública verde de las administraciones por tipo de contrato y las fases de contratación pública.

En el siguiente capítulo, se exponen ejemplos de compra pública verde españoles y europeos, y los productos también cobran especial protagonismo, ya que se especifica cuáles son los principales criterios ambientales aplicados en los pliegos de contratación.

Esta obra, junto con el estudio Oportunidades para el emprendimiento en el marco de la compra pública verde, son fruto del trabajo desarrollado en el proyecto «Emprendimiento y Compra Pública Verde» de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la financiación del Fondo Social Europeo (FSE).

Tal y como recoge el estudio llevado a cabo en administraciones públicas de ámbito local, provincial y autonómico, la mayoría de las entidades participantes en la encuesta incluyen criterios ambientales en casi la mitad de sus licitaciones. Sin embargo solo el 22,7 % afirma mantener compromisos explícitos de compra y contratación verde.

El conjunto de los organismos públicos adquiere el papel como producto más demandado con criterios ambientales (en un 65,8 % de los casos), seguido por los servicios de jardinería, en los que prima el diseño de bajo consumo hídrico (56,6 %) y, en tercer lugar, se encuentran los vehículos (híbridos, eléctricos, etc.), que son adquiridos por más del 50 % de las administraciones.

Los productos menos adquiridos con criterios ambientales son el mobiliario (18,4 %), los teléfonos móviles (13,2 %) y la alimentación y servicios de comidas, que solo son decididos bajo un prisma ambiental por el 7,9 % de estos entes. «Pese a ser el producto menos demandado, si las autoridades públicas europeas compraran alimentos ecológicos, se podría compensar el impacto de la eutrofización de más de 3,5 millones de personas y reducir las emisiones de GEI de 600 000 personas», subraya el informe.

Además, si toda la UE tomara las medidas de la ciudad finlandesa de Turku, que aplica criterios ambientales para la iluminación y los equipos de oficina, «se podrían reducir 15 millones de toneladas anuales de CO2».

Otro dato relevante concierne a los proveedores. A la hora de elegirlos, el precio es el concepto que mayor peso tiene para la Administración, que le da un 4,54 sobre 5 de valoración; seguido de la calidad de la oferta técnica (4,21 sobre 5). Más alejados se encuentran otros criterios como el servicio posventa o si los proveedores y productos son de la zona. Por último, la gestión eco-responsable de la empresa proveedora obtiene un 2,75 sobre 5.

En cuanto a las perspectivas, se prevé que las administraciones públicas demandarán los servicios energéticos basándose en principios como que la energía consumida provenga de fuentes renovables.

 

El documento concentra información útil para aquellos que quieren apostar por el emprendimiento en el sector de la compra pública en España, un mercado que supone el 16 % del PIB nacional.

 

Fuente: FGUA.

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