Gallach liderará el Plan de Acción de España para la Implementación de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible

La responsabilidad del Alto Comisionado para el Desarrollo Sostenible recientemente creado por el Consejo de Ministros ha recaído en Cristina Gallach, consejera para la Igualdad de Oportunidades en el Consejo de la Unión Europea y exvicesecretaria general de la ONU para la Información. Su tarea principal consistirá en coordinar y dirigir la hoja de ruta que deben seguir las entidades públicas y privadas para cumplir la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Es decir, para reducir la pobreza, la desigualdad en todas sus formas, frenar el cambio climático e impulsar la economía circular, entre otros.

La tarea principal de Gallach consistirá en coordinar y dirigir la hoja de ruta que deben seguir las entidades públicas y privadas para cumplir la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.

Desde septiembre de 2017, Gallach ha concentrado su actividad profesional en la igualdad de género y la promoción de la diversidad y la inclusión en las Instituciones Europeas. Como vicesecretaria general de la ONU y jefa del Departamento de Información pública, se convirtió en la mujer española que alcanzaba el puesto de mayor rango en la organización. Durante su mandato (2015-2017), dirigió el diseño y la ejecución de la comunicación global, regional y local de los grandes temas de actualidad, con especial énfasis en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre 2015, y el Acuerdo de París.

El Alto Comisionado para el Desarrollo Sostenible depende directamente de Presidencia, y entre sus labores también se cuenta la vigilancia de la adopción efectiva de las medidas comprometidas en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030,  aprobado por el Consejo de Ministros. Se trata de un documento que realiza un balance acerca de la situación de España respecto de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La elaboración del Plan de Acción es fruto del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 formado por el anterior Gobierno, y en su redacción han participado todos los departamentos ministeriales y comunidades autónomas, así como entidades locales y organizaciones representativas de la sociedad civil. Se compone de dos partes principales:

  • El estado de los ODS en España, la situación de partida, con referencia a indicadores estadísticos y una cartografía de responsabilidades competenciales de todos los departamentos.
  • Las acciones a través de las que se impulsará la Agenda en 2018-2020: nuevas políticas y medidas públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos los actores.

El Plan, que será presentado en Nueva York el próximo 18 de julio ante la ONU, recoge un primer conjunto que aún no está cerrado sobre áreas prioritarias de actuación, entre las que se incluyen la prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; la igualdad de oportunidades (PEIO 2018-2021); una nueva agenda urbana española; la investigación científica y técnica; la estrategia de economía social 2017-2020; el plan de gobierno abierto; la cooperación española, la economía circular y la ley de cambio climático y transición energética.

Ley de cambio climático y transición energética

La Ley de cambio climático y transición energética está entre los principales puntos del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Ya en 2015, Mariano Rajoy, expresidente de España, aseguró a raíz del Acuerdo de París que nuestro país no se podía quedar atrás en esta materia, y prometió una Ley de cambio climático, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2017 (el Congreso la había pedido cinco años antes).

La situación española está en este asunto está muy atrasada respecto a otras economías europeas como Bulgaria, Francia, Dinamarca, Estonia, Reino Unido, Irlanda, Islandia, Suecia o Suiza, que ya cuentan con su propia ley de medidas contra el cambio climático. Por su parte, países como Alemania, Austria e Italia tienen planes de acción aprobados por sus parlamentos y, en el ámbito español, algunas comunidades también van por delante: Cataluña aprobó su Ley contra el cambio climático (suspendida de forma temporal al ser impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno), Andalucía está a punto de tramitar su propia norma y el Gobierno Balear ya tiene redactada la suya.

La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuyo ministerio aúna las competencias de la anterior cartera de Medio Ambiente y la de Energía, deberá trabajar por impulsar la acción para aprobar la Ley española de cambio climático y transición energética para que nuestro país contribuya al logro del Acuerdo de París.

Fuente: Moncloa.

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