El Gobierno creará una Comisión Interministerial para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública

Los miembros del Consejo de Ministros aprobaron el pasado viernes un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. Este órgano colegiado buscará garantizar la coordinación de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la incorporación y el uso de consideraciones medioambientales en la contratación pública ecológica (CPE).

 

La apuesta por la contratación pública ecológica tiene como finalidad lograr que esta sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.La decisión consensuada servirá para impulsar de forma definitiva los aspectos de la contratación pública ecológica en los que la AGE lleva trabajando varios años, para lo que se incorporarán en las distintas fases de la contratación «elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación. Asimismo tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono, en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización», detalla el comunicado divulgado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), al que estará adscrito la nueva Comisión Interministerial.

Esta iniciativa se deriva de una estrategia internacional cuyo objetivo principal consiste en lograr un crecimiento de forma sostenible. En su marco, destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se reconoce que la producción y crecimiento sostenibles son uno de los mayores desafíos del futuro inmediato.

Al adoptar la Agenda 2030, sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal. Los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, con las miras puestas en el logro de los ODS.

En el marco de la Unión Europea, la Agenda 2030 tiene una vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que actualmente se está elaborando, y que, entre otras cuestiones, incorpora la contratación pública ecológica como elemento fundamental.

La apuesta por la contratación pública ecológica tiene como finalidad lograr que esta sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles. Para ello, se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la AGE, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos.

 

Fuente: Mapama.

 

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