El Consejo de Ministros saca adelante la reforma de la Ley de Montes

El pasado viernes los miembros del Consejo de Ministros aprobaron la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de modificación de la Ley de Montes, cuyo objetivo es mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes. Sin embargo, para algunas entidades ecologistas esta ley no incorpora mejoras sustanciales para la gestión de los bosques y abre la puerta al cambio del uso de terrenos incendiados para construir en ellos.

Los objetivos de la nueva Ley de Montes es cuyo objetivo es mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes. ¿Cómo se lograrán estas metas? Según recoge la información difundida desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación, estos objetivos se lograrán mediante distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la clasificación de los montes. En este sentido, el Proyecto de Ley clarifica la clasificación de los montes, dividiéndolos en cuatro categorías, lo que facilita su tratamiento y organización y la determinación del tipo de gestión más adecuado a su naturaleza.

«De esta forma, la clasificación se ha establecido de acuerdo con dos criterios: por una parte, según la titularidad, los montes pueden ser públicos o privados; y según desempeñen un servicio público, que es lo que condiciona que un monte tenga que cumplir unos requisitos de gestión, se diferencian los montes afectados o no afectados por un interés general», aclaran los responsables del Magrama.

Los montes que cumplen una función de interés general, si son públicos, integran el Dominio Público Forestal, y pueden ser Montes de Utilidad Pública, montes comunales u otros que hayan sido afectados a un uso o servicio público.

Si son privados y cumplen una función de interés general, se declaran protectores, que se redefinen como aquellos montes privados que cumplen alguna de las condiciones que se exige a los montes públicos para declararse de utilidad pública. Esto significa que se amplía el concepto vigente.

Por otra parte, los montes que no cumplen esa función de interés general, si son públicos, son los montes patrimoniales y, si son privados, son los montes particulares o el monte vecinal en mano común.

Otra de las vías que se seguirán para alcanzar los propósitos que aspira conseguir la nueva Ley de Montes es la simplificación de los instrumentos de gestión. Así, «se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, y estos se consideran montes ordenados. De este modo, se simplifican los procedimientos actualmente vigentes y se eliminan los costes asociados.

Por otra parte, y con el objetivo de mejorar la gestión de los montes de socios, (entendiendo como tales aquellos montes en proindiviso en los que alguno de los copropietarios no están identificados), se introduce una mayor regulación en el texto de la ley. «Para ello, se regula la creación de la junta gestora y sus funciones. Estos montes representan en España alrededor de 1,5 millones de hectáreas, por lo que promover la mejora de su gestión coadyuvará a la consecución de los objetivos perseguidos por esta ley», continúa el texto difundido.

Sociedades forestales

En este mismo sentido, y con el ánimo de promover la agrupación de los montes a efectos de gestión, se definen las Sociedades Forestales, que serán creadas por iniciativa de los propietarios forestales como instrumentos de gestión agrupada sin pérdida de la titularidad, lo que permitirá poder aplicar economías de escala.

A este respecto, el Proyecto de Ley define la Sociedad Forestal como «la agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal, que ceden únicamente los derechos de gestión y aprovechamiento forestal a la sociedad, de forma indefinida o por plazo cierto igual o superior a 20 años. También podrán pertenecer a la sociedad otras personas físicas o jurídicas que no sean titulares, siempre y cuando su participación no supere el 49 % de las cuotas sociales».

Estas sociedades tendrán como único objeto social la explotación y aprovechamiento en común de terrenos forestales cuyo uso se cede a la sociedad, para realizarlo mediante una gestión forestal sostenible. Las sociedades, por tanto, operarán bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada u otras de aplicación. Se establece que, en caso de transmisión de parcelas, se presumirá, salvo pacto contrario, la subrogación automática de la posición de socio del nuevo titular.

Las CC. AA. determinarán en el ámbito de sus competencias los requisitos adicionales que deberán cumplir estas sociedades, el nombre que tendrán y los incentivos de que disfrutarán.

Mejora ​de la tipificación de las infracciones y de la clasificación de las sanciones

Asimismo, en este Proyecto se incorpora la tipificación de las infracciones y sanciones correspondientes a los incumplimientos previstos en la legislación comunitaria, en materia de lucha contra la tala ilegal y la comercialización ilegal de la madera.

Igualmente, se mejora la clasificación de las sanciones para tener en cuenta como factor de ponderación de la gravedad de la sanción no sólo el tiempo que tarda el daño causado en recuperase sino también el coste económico de su reparación.

En el Proyecto también se sientan las bases para la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en colaboración con las comunidades autónomas, así como un registro nacional de infractores de caza y pesca, que facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre CC. AA.Bases de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética

En el Proyecto también se sientan las bases para la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en colaboración con las comunidades autónomas, así como un registro nacional de infractores de caza y pesca, que facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre CC. AA.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las comunidades autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético. Será aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Registro de Infractores de Caza y Pesca

En relación con la creación, a efectos informativos, del Registro Español de Infractores de Caza y Pesca, el Proyecto de Ley contempla el envío, por parte de las CC. AA., al Magrama de la información relativa a los asientos que se produzcan en sus correspondientes registros de infractores de caza y pesca. Así, se incluirá la información relativa a la suspensión y extinción de validez de las licencias, en particular la derivada de infracciones penales y de un procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La existencia de este registro facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre Comunidades Autónomas.

En palabras de la ministra del Magrama, Isabel García Tejerina, «la ley quiere respaldar al monte y al medio rural, reactivarlo económicamente gracias a su diversificación».

«Existe riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para construir en zonas quemadas»

Por su parte, algunas entidades ecologistas han subrayado que «los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, suponen un grave retroceso en la necesaria planificación forestal, y permiten que las comunidades Autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas», advierten desde Ecologistas en Acción.

Los responsables de SEO/BirdLife se suman a esta posición contraria a la nueva Ley de Montes porque consideran que «debilita la defensa de la naturaleza y aumenta la inseguridad jurídica». Además, «se liberaliza la gestión de montes privados y públicos no catalogados, a los que en la práctica se exime de la necesidad perentoria de contar con planes», inciden.

A estas críticas, cabe sumar que «se introducen asuntos de regulación cinegética cuya presencia en la Ley de Montes carece completamente de sentido, tanto por aplicación del sistema de competencias autonómico, como por puro rigor jurídico» y que «la ley abre la posibilidad a cambiar el uso de terrenos incendiados», hacen hincapié los miembros de SEO/BirdLife.

Fuente: Magrama, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife.

2 comentarios en “El Consejo de Ministros saca adelante la reforma de la Ley de Montes

  1. Los camios que se proponen en la nueva ley son muy importantes y ponen en peligro a muchas masas forestales. El no poder recalificar zonzas quemadas fue un lucha de mucho tiempo que ahora se va a perder incrementando el riesgo de tener grandes incendios foretales. Este hecho lo reconoce la propia ministra.
    Para completar la información publicada en este tema aconsejo leer este artículo

    La nueva Ley de Montes permite recalificar áreas quemadas

    http://politica.elpais.com/politica/2015/01/09/actualidad/1420807079_139451.html

  2. Primeramente gracias por la información. Y aprovechando, me gustaría saber, además de los enlaces a ecologistas en acción, o seobirdlife, si se me escapa en todo el texto alguno que me lleve al texto “difundido” y del cual supongo vosotros habéis sacado el contenido. Creo que sería interesante que además de conocer vuestro resumen haya un enlace hacia ese documento “oficial” para que todo el mundo tenga acceso a las fuentes originales.

    Gracias de nuevo y un saludo.

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