El Congreso reactiva la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

La Ley de Desarrollo Sostenible de Medio Rural aprobada el 13 de diciembre de 2007 ha protagonizado la última sesión de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de esta semana. En concreto, sus miembros han aprobado dos Proposiciones No de Ley (PNL) para dotarla de presupuesto de forma que pueda ponerse en marcha de manera efectiva, así como para evaluar su impacto en las zonas rurales.

 

La primera de las PNL, propuesta por el Grupo Socialista y aprobada por 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, insta al Gobierno al desarrollo y reactivación de la Ley 45/2007, «procurando su actualización para afrontar los nuevos retos y problemas que tiene el medio rural de nuestro país».

La primera de las PNL, propuesta por el Grupo Socialista y aprobada por 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, insta al Gobierno al desarrollo y reactivación de la Ley 45/2007, «procurando su actualización para afrontar los nuevos retos y problemas que tiene el medio rural de nuestro país». Además, también se pide que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) garantice una dotación presupuestaria «suficiente y adecuada» para esta ley.

Por su parte, la segunda de las PNL sobre esta norma, presentada por el Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha salido adelante con 27 votos a favor, 15 en contra y una abstención y solicita al Ejecutivo un informe de seguimiento y evaluación actualizado de la ejecución de las actuaciones previstas en el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), fruto del desarrollo de la citada norma y un informe sobre el impacto de las medidas.

Durante el debate de estas PNL, los diferentes partidos han perfilado su postura sobre esta ley y, en general, sobre las medidas para atajar los principales problemas a los que se enfrenta el medio rural español, entre ellos, la despoblación y el envejecimiento.

Para la diputada del Grupo Popular Carmen Quintanilla esta norma fue una ley que nació sin dotación presupuestaria y se caracterizaba por una difícil aplicación por su «entramado burocrático», mientras que ha defendido la política a favor del sector agroalimentario y del territorio de su partido en los últimos cuatro años «y no solo con una ley».

Asimismo, Quintanilla ha aseverado que tras las últimas elecciones generales, la ciudadanía reclama «grandes pactos» y, por eso, ha ofrecido al resto de los grupos apoyar una transaccional para hacer un pacto por el desarrollo sostenible y el futuro de los pueblos.

Una política de Estado para el medio rural

Por su lado, la diputada del grupo socialista Mónica Lafuente señaló que «hay que ser valientes para defender el medio rural» y dotar al territorio de instrumentos para que pueda tener oportunidades, como la «necesaria» Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, «que surgió del consenso entre administraciones sociales, medioambientales y agrarias fueran del color que fueran».

A su juicio, España necesita una «política de Estado» para el medio rural que garantice servicios suficientes y de calidad en el territorio, algo para lo que ya existe una ley y solo hace falta «voluntad política».

Desde el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, Pedro Arrojo insistió en que hace falta contar con un informe sobre la aplicación inicial de la ley de desarrollo sostenible para que el próximo Gobierno «sea cual sea» tenga «datos precisos» para afrontar la «segunda fase, siempre que entienda que tiene que reactivarse».

Según Arrojo, esta norma suscitó un «verdadero entusiasmo» y «su bloqueo, gran frustración», por lo que entiende que en esta nueva etapa «debe ser reactivada», pues es «una buena ley para el medio rural y, por tanto, para todo el país, por encima de ideologías partidarias».

Por parte del Grupo de Ciudadanos, el diputado Marcial Gómez explicó que para su partido es «una prioridad» que los españoles tengan las mismas oportunidades y el mismo catálogo de servicios, «vivan donde vivan» y por eso el grupo ha votado a favor de esta PNL.

Los portavoces de grupos nacionalistas como Josep Andonio Agirretxea (Grupo PNV-AJ) y Antoni Postius (GC-DL) coincidieron en que esta norma aborda el desarrollo rural, una materia que a su juicio es de competencia autonómica.

Fuente: REDR.

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