Consulta de la CE sobre los deberes de los inversores institucionales y los administradores de activos respecto a la sostenibilidad

En su informe provisional del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, documento que publicamos en las páginas de Mercados de Medio Ambiente hace unas semanas, los miembros de este grupo recomendaban a la CE que aclarase que las obligaciones fiduciarias (deberes de lealtad y prudencia) de los inversores institucionales y administradores de activos incluyen explícitamente los factores materiales ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG o ESG, por su acrónimo en inglés) y relacionados con sostenibilidad a largo plazo. Con el fin de definir estos factores, la CE acaba de lanzar una consulta pública para recoger los puntos de vista y las opiniones de las partes interesadas sobre este tema a fin de informar el proceso de evaluación de impacto.

 

La UE quiere que su sistema financiero se alinee con sus objetivos de sostenibilidad. Para ello, ha lanzado una consulta pública para aclarar que las obligaciones fiduciarias de los inversores institucionales y administradores de activos incluyen explícitamente los factores materiales ambientales, sociales y de buen gobierno y los aspectos relacionados con la sostenibilidad.La sostenibilidad ha estado durante mucho tiempo en el corazón del proyecto europeo. La Unión Europea está comprometida con un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Al hilo de esto, la UE quiere que su sistema financiero se alinee con sus objetivos de sostenibilidad. El compromiso de incorporar elementos de sostenibilidad en las políticas de servicios financieros e iniciativas transversales de la UE-28 está arraigado en la revisión a medio plazo del Plan de Acción de la Unión de Mercados de Capitales.

Para desarrollar la visión general de la financiación sostenible que esto requiere, la Comisión decidió el año pasado designar un Grupo de expertos de alto nivel (HLEG, por su acrónimo inglés) sobre finanzas sostenibles bajo la Presidencia de Christian Thimann. Este grupo apoya a la Comisión para desarrollar una estrategia general de la UE sobre finanzas sostenibles.

El HLEG publicó su informe provisional el pasado julio, en el que brindaba una visión integral sobre las finanzas sostenibles. En él se identificaron dos imperativos para el sistema financiero de Europa. El primero es «fortalecer la estabilidad financiera y los precios de los activos mejorando la evaluación y la gestión de los riesgos a largo plazo y los factores intangibles de creación de valor». Y el segundo consiste en «mejorar la contribución del sector financiero al crecimiento sostenible e inclusivo financiando a largo plazo necesidades y acelerando el cambio hacia una economía sostenible».

En su informe provisional, el HLEG propuso ocho recomendaciones para la adopción de medidas políticas sobre finanzas sostenibles. La tercera recomendación se centró en establecer un «deber fiduciario» que abarque la sostenibilidad. Para ello, se sugirió aclarar que las funciones de los inversores institucionales y administradores de activos integran explícitamente los factores materiales ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y la sostenibilidad a largo plazo.

Dada la madurez y el interés de la recomendación HLEG, la Comisión decidió comenzar a trabajar en una evaluación de impacto para analizar si una aclaración de las obligaciones de los inversores institucionales y los administradores de activos en términos de sostenibilidad podría contribuir a una asignación más eficiente del capital, así como al crecimiento sostenible e inclusivo.

Los deberes de cuidado, lealtad y prudencia están incorporados en el marco financiero de la UE que rige las obligaciones que los inversores institucionales y los administradores de activos deben a sus inversores finales. Estos deberes son la base del proceso de inversión.

La implementación de estos deberes implica el cumplimiento de varias obligaciones para los administradores de activos e inversores institucionales que incluyen, por ejemplo, el deber de actuar en el mejor interés de los beneficiarios/inversores, con el debido cuidado, habilidad y diligencia en el desempeño de sus actividades, incluida la identificación y gestión de conflictos de intereses. También se les exige que actúen con honestidad y garanticen un desempeño adecuado y proporcionado de sus actividades.

Aunque estos deberes están integrados en el marco legal financiero de la UE, no parece claro que exijan a los inversores institucionales y administradores de activos que evalúen la materialidad de los riesgos de sostenibilidad (es decir, los riesgos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza). Las prácticas de mercado indican que los inversores institucionales y los administradores de activos generalmente entienden que estas tareas requieren un enfoque centrado en maximizar los rendimientos financieros a corto plazo y no tienen en cuenta los efectos a largo plazo en el rendimiento debido a los factores de sostenibilidad y a los riesgos. Esto puede llevar a una mala asignación de capital y puede generar inquietudes sobre la estabilidad financiera, ya que los mercados pueden ser vulnerables a las correcciones abruptas, como aquellas asociadas con la transición con retraso hacia economías de bajas emisiones de carbono.

La consulta recientemente lanzada ayudará a la Comisión a recopilar y analizar las pruebas necesarias para determinar posibles medidas para mejorar la evaluación y la integración de los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de las entidades de inversión pertinentes.

El público objetivo de esta consulta son todos los ciudadanos y organizaciones. Es decir, beneficiarios y clientes finales, proveedores de pensiones y seguros, compañías de seguros, administradores de activos, asesores financieros, proveedores de servicios (proveedores de índices, proveedores de investigación), bufetes de abogados y emisores.

 

 

Fuente: Comisión Europea.

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