Bruselas establece los criterios que deben cumplir las inversiones sostenibles

A finales de la semana pasada, la Comisión Europea presentó los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de certificar que los productos financieros ofrecidos por el sector de las finanzas sostenibles, de manera que se impulsen inversiones en iniciativas bajas en carbono y que favorezcan una economía más verde y limpia.

 

Las recomendaciones realizadas se centran en reducir la huella ambiental comunitaria, al tiempo que se mejora la sostenibilidad y la competitividad de la economía de la UE. Dicho movimiento es el primer paso para la puesta en marcha del Plan de Acción de la UE sobre Finanzas Sostenibles anunciado en marzo, con el que se persigue que la participación del sector financiero apoye también el logro del Acuerdo de París sobre cambio climático y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

En este sentido, los integrantes del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles han calculado que son necesarios unos 180 000 millones de EUR de inversiones adicionales al año para cumplir los compromisos adquiridos en la COP21 de París, entre ellos, disminuir un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

El papel de las finanzas en la consecución de estos desafíos es crucial, dado que el impacto del cambio climático ya amenaza la estabilidad financiera y conduce a grandes pérdidas económicas a causa de las inundaciones, la erosión de la tierra o las sequías, entre otros. El año pasado, la cantidad de pérdidas relacionadas con catástrofes cubiertas por los seguros alcanzó un máximo histórico de 110 000 MEUR. Además, si se actúa demasiado tarde ante la realidad del calentamiento global, «muchas de las inversiones actuales podrían terminar siendo redundantes», advierten desde la CE. Al mismo tiempo, «debemos aprovechar al máximo las nuevas oportunidades de negocios para actividades económicas sostenibles. El sector financiero de la UE tiene el potencial de multiplicar las finanzas sostenibles y convertirse en un líder mundial en esta área. Esto también debería tener un efecto positivo en el crecimiento económico y la creación de empleo. Apoyará los objetivos de la Unión de Mercados de Capital (CMU) para conectar las finanzas con las necesidades de la economía europea y la agenda de la UE para el desarrollo sostenible», continúa el comunicado difundido.

Las recomendaciones realizadas se centran en reducir la huella ambiental comunitaria, al tiempo que se mejora la sostenibilidad y la competitividad de la economía de la UE. Así, las principales medidas acordadas son:

1.— Creación de un sistema unificado de clasificación de la UE («taxonomía») que defina qué es un activo «verde», esto es, que establezca criterios armonizados para determinar si una actividad económica es ambientalmente sostenible. En este sentido, la CE identificará las actividades que califican como «sostenibles», teniendo en cuenta las prácticas e iniciativas de mercado existentes y recurriendo al asesoramiento de un grupo de expertos técnicos que se está creando actualmente. Se prevé que esta taxonomía esté lista a mediados de 2019.

Esto debería proporcionar a los actores e inversores económicos claridad sobre qué actividades se consideran sostenibles para que tomen decisiones más informadas y puede servir como base para el establecimiento futuro de normas y etiquetas para productos financieros sostenibles, como ya se avanzó en la presentación del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles.

La nueva taxonomía sobre productos ambientalmente sostenibles identificará qué actividades económicas se pueden considerar ambientalmente sostenibles y en qué medida, determinará las condiciones que esas actividades económicas deberían cumplir para contribuir positivamente a al menos uno de los seis objetivos medioambientales de la UE establecidos en el reglamento: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos; transición a una economía circular, prevención de residuos y reciclaje; prevención y control de la contaminación; y protección de ecosistemas saludables.

2.— Deberes y revelaciones de los inversores: el reglamento propuesto introducirá consistencia y claridad sobre cómo los inversores institucionales —administradores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones o asesores de inversión— deben integrar factores ambientales, sociales y de gobierno (ASG) en los procesos de toma de decisión sobre inversiones. Los requisitos exactos se especificarán con mayor detalle mediante actos delegados, que la Comisión adoptará en una etapa posterior. Además, los actores mencionados deberán demostrar de qué manera evalúan los riesgos en materia ASG vinculados con sus inversiones, cómo afectan estos a sus carteras y revelar cómo cumplen las exigencias establecidas para los productos sostenibles.

3.— Índices de referencia sobre bajas emisiones de carbono: las reglas propuestas crearán dos nuevos índices de referencia para medir el impacto en materia de emisiones. El primero incluye la referencia low-carbon «baja emisión de carbono» o la versión decarbonised («descarbonizada») de los índices estándar (como por ejemplo, Standards & Poor´s). Este clasificará a las compañías en función de su nivel de emisiones. El segundo, positive-carbon impact («impacto positivo de carbono»), es más exigente y clasificará a las empresas según su capacidad de cumplir los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París de limitar el aumento del calentamiento global a menos de 2 °C. «Este nuevo estándar de mercado debería reflejar la huella de carbono de las empresas y brindar a los inversores mayor información sobre la huella de carbono de las carteras de inversión.

4.— Aconsejar mejor a los clientes sobre la sostenibilidad: la Comisión ha lanzado una consulta para evaluar la mejor manera de incluir las consideraciones ASG en el asesoramiento que las entidades de inversión y los distribuidores de seguros ofrecen a los clientes. El objetivo es modificar los actos delegados en virtud de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II) y la Directiva de Distribución de Seguros. Al evaluar si un producto de inversión satisface las necesidades de sus clientes, las empresas también deben considerar las preferencias de sostenibilidad de cada cliente, de acuerdo con las reglas propuestas. Esto debería ayudar a una gama más amplia de inversores a acceder a inversiones sostenibles.

Con estas propuestas, se aspira a impulsar más inversiones en actividades sostenibles en los Estados Miembros y a ayudar a los inversores que a menudo no tienen suficiente información sobre lo que es «verde» y lo que no a disponer de información clara al respecto. Todas las entidades financieras que gestionan las inversiones en nombre de sus clientes o beneficiarios ahora tendrán que informarles sobre cómo sus actividades están impactando en el planeta o en su entorno local.

El siguiente paso es que las propuestas realizadas sean aprobadas por el Parlamento y Consejo de Europa.

 

Fuente: Comisión Europea.

 

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