Beneplácito definitivo a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Desde el pasado viernes 4 de septiembre por la mañana, ya es definitivo el beneplácito al proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad tras haber recibido la luz verde del Pleno del Senado, con 133 votos favorables, 79 en contra y dos abstenciones.

 

Imagen: Juan José Allué.

La norma persigue un triple objetivo: mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en cuanto al régimen de protección de los espacios protegidos, así como facilitar su gestión; mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas; y garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria e internacional en materia de biodiversidad.

Durante su trámite en la Cámara Alta se han rechazado los seis vetos propuestos por la oposición y las más de 200 enmiendas planteadas, por lo que el texto ha visto la luz verde sin hacer ninguna modificación al aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado junio, lo que significa que el proyecto de ley ha pasado directamente a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según detalla la información divulgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), «la norma persigue un triple objetivo: mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en cuanto al régimen de protección de los espacios protegidos, así como facilitar su gestión; mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas; y garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria e internacional en materia de biodiversidad».

Entre las novedades más destacadas del nuevo texto normativo que avanzábamos el pasado junio, se halla la incorporación en el Registro de la Propiedad y en el Catastro de la información ambiental que afecta a las propiedades que estén incluidas en espacios protegidos; la mejora del régimen de protección y conservación de especies y la regulación de las condiciones de acceso y utilización de los recursos genéticos de especies silvestres; y el apoyo a las actividades compatibles con la conservación de la Red Natura 2000.

Para ello, se dota de mayor seguridad jurídica a todo lo relacionado con el régimen de propiedad de los espacios protegidos y, entre otras novedades, permite proporcionar información sobre las protecciones ambientales que afectan a las propiedades que estén incluidas en espacios protegidos mediante el reflejo de dicha información en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

Para mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas, la «nueva norma incrementa los niveles actuales de protección de la biodiversidad española y permite la incorporación de aspectos clave que refuerzan las políticas de conservación», continúa el comunicado del Magrama.

«Así, en el texto se han corregido cuestiones que se han demostrado poco operativas a la luz de la experiencia adquirida y se han incorporado nuevas disposiciones de gran relevancia como la regulación de las primeras importaciones de especies no autóctonas: se establece que la primera importación de especies no autóctonas potencialmente dañinas sea sometida a autorización administrativa, previa realización de un análisis de riesgos por el importador».

Se regula, también, «la reintroducción de especies autóctonas desaparecidas de nuestro país para promover su reintroducción y que esta se ejecute con todas las garantías; y con el fin de mejorar la coordinación entre las administraciones, se ha incluido la necesidad de dotarse de metodologías comunes para el seguimiento de la biodiversidad, para que la toma de decisiones se realice con una base de conocimiento comparable y más sólida».

Otro de los grandes objetivos del marco legal aprobado es el de garantizar la correcta aplicación de la normativa internacional y comunitaria en materia de biodiversidad, y en particular, del Protocolo de Nagoya, de la Directiva de Aves y de la Directiva de Hábitats.

La norma recoge, asimismo, el apoyo a las actividades coherentes con la conservación de los espacios de la Red Natura 2000 que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo.

Con la aprobación de este nuevo marco legal, se refuerza la protección de la biodiversidad a través de la incorporación de los últimos avances llevados a cabo en la normativa comunitaria. También se introduce una mayor vinculación entre biodiversidad y cambio climático y se incorporan, entre los principios inspiradores de la ley, la prevención de los problemas emergentes como consecuencia del cambio climático; la mitigación y adaptación al mismo y la lucha contra sus efectos adversos.

Puntos críticos

Por su parte, la oposición ha calificado la reforma de «innecesaria e inoportuna» y ha criticado que invade numerosas competencias de las comunidades autónomas en materia de conservación.

Otros puntos que han despertado numerosas opiniones en contra han sido el hecho de que no se aprobara la enmienda que defiende el acceso a la justicia gratuita para las ONG ambientales y el artículo que sostiene que la explotación de los recursos en los Monumentos Naturales se podrá efectuar siempre que tenga «un mínimo impacto y contribuya al bienestar socioeconómico de la población».

En cuanto al primero de los puntos, según WWF España, no solo «tenía por objeto cumplir con la directiva europea de acceso a la justicia, sino también eliminar las trabas que puso el propio PP con la Ley de tasas». La decisión del PP «nos ha sorprendido», ya que tanto «el ministro Arias Cañete como la actual ministra se comprometieron a actuar y a reconocer este derecho de las ONG ambientales; el propio ministro Gallardón anunció la justicia gratuita en materia medioambiental en el Congreso, y así lo recogen las actas», recordó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Desde el PP han defendido que no comparten esa visión «catastrofista» de que en España no se cuida del medioambiente y que «la justicia gratuita para las ONG debe regularse en una ley de justicia, no en una sobre biodiversidad».

Fuente: Magrama, WWF España.

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