Argentina ya cuenta con una Ley de Agricultura Familiar

Poco antes de la conclusión de 2014, el Senado de Argentina convirtió en ley y por unanimidad un proyecto que promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar. Se trata de la nueva «Ley de la Agricultura Familiar», fruto de un extenso trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y las entidades representativas del sector.

La normativa declara de interés público a la agricultura familiar «por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo», al tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional mediante la reconversión económica y productiva. Asimismo, contará con un presupuesto de 1500 millones de pesos, según declaraciones de Ángel Strapazzón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Los puntos principales de la nueva ley son:

Acceso a la tierra 

Menos del 20 % de la superficie cultivable de Argentina está en manos de agricultores familiares. En este sentido, la norma considera a la tierra como bien social y crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural, de manera articulada con provincias y municipios.

Suspensión de los desalojos

La normativa busca dar protección legal a las familias que poseen y trabajan la tierra desde hace décadas. Esto es, a los productores que por carencia económica o falta de políticas públicas diferenciadas no lograron la seguridad jurídica que por derecho merecen. En su Artículo 19, suspende por tres años los desalojos y genera una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural. En este marco, se evalúa cada situación particular y se crean mecanismos para mensurar la tierra, un punto fundamental en los procesos de titulación.

Semillas nativas

Dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se crea el Centro de Producción de Semillas Nativas, con el objetivo de promover su utilización, acopio, producción y comercialización. El organismo tendrá a su cargo la tarea de promover la investigación y la preservación de estas variedades que forman parte del proceso de selección realizado por pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños agricultores.

Desarrollo inclusivo

Asimismo, la ley prevé la promoción de las ferias locales, regionales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. También contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendentes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Además, prioriza la investigación productiva para el desarrollo de los pequeños productores en conjunto con universidades y escuelas de educación agraria. Su organismo de aplicación será el Ministerio de Agricultura, con participación del Consejo de la Agricultura familiar, Campesino e Indígena.

Financiación

En la tercera reunión del Consejo de la Agricultura Familiar convocada a mediados del pasado diciembre por el Ministerio de Agricultura se manifestó el compromiso de trabajar de inmediato en la reglamentación de la ley, con especial énfasis en la cuestión presupuestaria, pautada en 1500 millones de pesos.r

Una ley histórica

La Ley de la Agricultura Familiar de Argentina «ampliará derechos en el interior profundo» del país. Con esta herramienta, se desandan «décadas de invisibilidad de un sector estratégico, que se potenciará con apoyo firme del Estado nacional y podrá hacer un importante aporte al abastecimiento de alimentos sanos a la mesa de los argentinos». La norma permitirá avanzar en la consolidación de un modelo agrario más nacional, popular e inclusivo, sostenible en términos económicos, pero al mismo tiempo en términos sociales y ambientales.

El sector en cifras

Actualmente, la agricultura familiar representa el 20 % del PBI del sector agropecuario argentino, el 20 % de tierras productivas y el 27 % del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 % del total de productores. La actividad constituye el 53 % del empleo rural.

 

La ley declara de interés público a la agricultura familiar «por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo», al tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional mediante la reconversión económica y productiva.

Fuente: FAO.

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