Aprobada la nueva Directiva comunitaria sobre Transparencia y Responsabilidad Social de las grandes compañías

El Consejo de la Unión Europea acaba de aprobar las nuevas normas en materia de transparencia y responsabilidad social de las grandes compañías al dar luz verde a la Directiva para la Divulgación de la Información no Financiera y la Diversidad (PE CONS 47/14 y 13265/14 ADD 1 REV 1).

El plazo de transposición a la legislación nacional de la nueva directiva comunitaria será de dos años para los Estados miembros. Así, deberá ser aplicable a partir de 2017.

Así, algunas de las medidas que recoge el nuevo texto normativo requieren que determinadas grandes compañías elaboren con carácter anual una declaración relacionada con las cuestiones ambientales, sociales, los empleados, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y asuntos de soborno.

Dicha declaración deberá incluir una descripción de las políticas, los resultados y los riesgos relacionados con los aspectos enumerados, especifica la nota de prensa divulgada por los responsables del organismo comunitario.

En aquellos casos en los que una empresa no adopte políticas relacionadas con estas cuestiones tendrá que explicar por qué no lo hace.

«Las nuevas medidas están dirigidas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de la compañía, lo que limita una excesiva carga administrativa y garantiza la igualdad de condiciones en toda la UE», subrayan los responsables del Consejo de la Unión.

Así, serán incorporados a la directiva relativa a los estados financieros anuales y los informes de ciertos tipos de empresas adoptada el 26 de junio 2013.

Por su parte, el ministro italiano de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, aseguró con motivo de la aprobación de la nueva directiva que «las compañías, en particular las grandes firmas, juegan un papel en el marco económico de la UE que va más allá de la mera producción de bienes y servicios. Con la aprobación de esta directiva, los legisladores de la Unión reconocen este hecho y refuerzan el marco de la responsabilidad social de las empresas. Una mayor transparencia a través de la divulgación de información no financiera mejorará la rendición de cuentas de las grandes empresas hacia los ciudadanos europeos. Asimismo, se permitirá a los inversores premiar la conducta empresarial socialmente responsable, lo que contribuirá a la promoción de un crecimiento sostenible».

La directiva contiene las siguientes características principales:

Alcance

En cuanto al alcance, las nuevas disposiciones serán aplicables a las entidades de interés público de más de 500 empleados. Entre las empresas que se encuentran dentro de esta categoría están las empresas cotizadas, los bancos, firmas de seguros o empresas que son de importancia pública significativa por la naturaleza de su negocio, su tamaño o su personalidad jurídica. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas estarán exentas de la nueva la obligación de información.

Se estima que existen alrededor de 6000 entidades de interés público en la UE que entrarían en el ámbito de aplicación de la directiva.

Política de diversidad

En el informe de gobierno corporativo (previsto en el artículo 20 de Directiva 2013/34/ UE, se incluye una descripción de la política de diversidad aplicada a cada administración, dirección de la empresa y órganos de control en relación con aspectos como la edad, el género, educativo y profesional fondo.

Cada país informará sobre los impuestos

En un informe que deberá entregarse antes del 21 de julio 2018 a la Comisión, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de introducir una obligación que exija a las grandes empresas elaborar, sobre una base anual, un informe país por país para cada Estado miembro y el tercer país en el que operan, que contenga información sobre los beneficios obtenidos, los impuestos pagados sobre los beneficios y los subsidios públicos recibidos. El informe deberá incluir las medidas adoptadas a escala internacional para aumentar la transparencia en la información financiera.

La presentación de informes en el sector extractivo país por país ya ha sido legislada por la UE en la Directiva 2013/34/UE.

El plazo de transposición a la legislación nacional de la nueva directiva comunitaria será de dos años para los Estados miembros. Así, deberá ser aplicable a partir de 2017.

Fuente: Consejo de la Unión Europea.

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